Asqueroso “fato” en la Municipalidad - Edicion Impresa - ABC Color

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El zarpazo económico que el actual contralor general de la República, el abogado José Enrique García, en su época de asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, le propinó a la institución que asesoraba es, cuando menos, de 18.975.014.366 guaraníes (unos 3,6 millones de dólares), correspondientes a la suma que el laudo arbitral que definió la controversia entre la Comuna capitalina y la empresa privada Ivesur dispuso que aquella indemnice a esta. Al exasesor jurídico municipal García “se le olvidó” apelar el laudo, con lo cual la obligación aludida quedó firme y la Municipalidad en estado de indefensión. Lo que sucedió fue que García “se hizo el oso” a propósito y dejó pasar la oportunidad de apelar, con lo cual la Municipalidad –o sus contribuyentes– deben abonar la abultada suma señalada. Pero no es todo, porque un juicio de esas características y con ese monto puede generar al menos un veinte por ciento de honorarios profesionales. Y aquí radica el “quid” de la cuestión: el monto es suficientemente atractivo para que los abogados de ambas partes concierten una componenda para repartirse el dinero. Pero hay algo que marcha peor: el abogado García es actualmente nada menos que contralor general de la República.

El zarpazo económico que el actual contralor general de la República, el abogado José Enrique García, en su época de asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, le propinó a la institución que asesoraba es, cuando menos, de 18.975.014.366 guaraníes (unos 3,6 millones de dólares), correspondientes a la suma que el laudo arbitral que definió la controversia entre la Comuna capitalina y la empresa privada Ivesur dispuso que aquella indemnice a esta.

Al exasesor jurídico municipal García “se le olvidó” apelar el laudo, con lo cual la obligación aludida quedó firme y la Municipalidad en estado de indefensión. El infiel asesor jurídico aseguró que sí se había recurrido la resolución, pero el escrito correspondiente no apareció en la secretaría donde debió ser entregado, omisión culposa que fue confirmada en más de una oportunidad por los funcionarios judiciales involucrados.

En menos palabras, lo que sucedió fue que García “se hizo el oso” al propósito y dejó pasar la oportunidad de apelar, con lo cual se consolidó la situación, y ahora la Municipalidad de Asunción –o sus contribuyentes– deben abonar la abultada suma señalada anteriormente.

Pero no es todo, porque un juicio de esas características y con ese monto puede generar al menos un veinte por ciento de honorarios profesionales. Y aquí radica el “quid” de la cuestión: el monto es suficientemente atractivo para que los abogados de ambas partes concierten una componenda para repartirse el dinero, lo que explica la actual situación.

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