La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, asignó hoy a más de 150 agentes del Ministerio Público de todo el país para que intervengan, en caso de que se requiera, en el marco de las elecciones municipales que se realizarán este domingo 10 de octubre.
Los agentes de la Fiscalía General designados serán tanto fiscales electorales como de las demás áreas. Además, fueron nombrados como coadyuvantes agentes de las unidades penales y fiscales que también intervendrán en delitos penales electorales que puedan surgir durante la jornada comicial. Así también, intervendrán 12 fiscales adjuntos que coordinarán las tareas pertinentes en sus respectivas áreas territoriales, por disposición de la titular del Ministerio Público.
El fiscal adjunto Roberto Zacarías, en su carácter de interino de la Fiscalía Adjunta responsable del Área Electoral, había solicitado la confirmación e intervención de los Fiscales Adjuntos así como de los agentes fiscales de las unidades en materia electoral, penal electoral y de fiscales penales de turno, de las distintas Fiscalías Regionales y Zonales del Ministerio Público, a fin de que en el ejercicio de sus funciones promuevan todas las acciones correspondientes en defensa de los derechos electorales, conforme lo establecen la Constitución Nacional y las demás leyes.
Las agentes fiscales delegadas electorales Myriam González y Sandra Ledezma, de Capital y Central, respectivamente, coordinarán las tareas en sus áreas propias de labor. La fiscal general también dispuso que los agentes en lo penal de turno coadyuven con los agentes electorales, bajo la dirección de los fiscales adjuntos de cada área, sin perjuicio de la participación de los representantes fiscales asignados para intervenir en causas que investiguen delitos electorales.
El Ministerio Público, en su calidad de representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, tiene el compromiso de velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional, por la efectiva vigencia de todos sus principios y normas, así como el respeto de las garantías y derechos en ella establecidos y en las otras leyes respectivas.
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