Al ser consultado sobre la imputación hecha por el agente fiscal Federico Leguizamón contra los directivos de dicha firma, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz, por producción de documentos no auténticos y estafa, el profesional se limitó a decir que ello “no es una sorpresa”.
Explicó que la Contraloría General de la República recomendó rescindir ese contrato, pero remitió su resolución a la Junta Municipal para adoptar una postura sobre la misma, lo que se daría a la vuelta del receso municipal, marcado para el 20 de enero próximo.
“Tenemos las instrucciones del mismo intendente de iniciar el proceso técnico-jurídico para dar cumplimiento a esa resolución de la Contraloría. Es cuestión de que la Junta tome una decisión y que se confirme tal paso”, insistió.
Ramírez Montalbetti manifestó que hace varios meses formularon la denuncia sobre la falta de documentación legítima por parte de Empo, la cual se volvió a presentar cuando surgió la información de que ello se habría estado dando desde hace 17 meses.
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