La creación de asentamientos al parecer se convirtió en un gran negocio para algunos dirigentes. Los desalojados del territorio social “Canaán” en Luque denunciaron que la comisión del lugar se habría embolsillado con más de G. 80 millones por la venta de lotes.
LUQUE (Gladys Villalba, corresponsal). El asentamiento Canaán fue creado en una propiedad de siete hectáreas que incluye fincas individualizadas como números 3.236, 3.542 y 4.041 y están situadas en la compañía Itapuamí de este distrito. El inmueble que figura a nombre de inmobiliaria Iter, representada por el abogado Justo Villanueva, fue invadido por unas 150 familias hace seis meses.
El predio pudo ser despejado el viernes último, luego de que los ocupantes abandonaran el sitio en forma pacífica para evitar un eventual enfrentamiento con unos 700 policías que llegaron al lugar para hacer un desalojo, encabezados por el comisario Carlos Aguilera.
Varios de los desalojados denunciaron que la comisión liderada por una persona identificada como Mauro Aníbal Fernández, quien fungía de presidente; Bernardina Ortega Reyes, más conocida como “ña Berna” (tesorera), y Marcial Benítez (protesorero) habrían cobrado G. 550.000 a cada familia por la venta del lote. Según nuestros cálculos, la comisión se habría embolsado en total G. 82.500.000.
“Ellos nos hacían firmar cuando pagábamos. A los pocos meses (de entrar al terreno) nos dijeron que levantemos solo casas de madera y no de material porque aún no estaban los papeles. Nos mintieron. Mauro es nuestro presidente y le pagamos G. 550.000 para entrar. También por la conexión ilegal de energía eléctrica pagamos G. 100.000, mientras que para la provisión de agua era G. 250.000”, señaló una de las afectadas que solicitó el anonimato por temor a represalias.
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