El juez penal de garantías Humberto Otazú decretó ayer el arresto domiciliario del despachante de aduanas Carlos Bulnes Servián, del abogado Eduardo Torres Rodríguez y del químico brasileño Luis Fernando Da Silva, todos procesados por supuesto contrabando de oro.
Estas personas fueron imputadas por el fiscal Eugenio Ocampos por su presunta responsabilidad en la supuesta salida ilegal del país de dos barras de oro con un peso total de unos 3 kilos. El valor en el mercado local sería de unos US$ 114.934, pero esta cifra se triplicaría en el extranjero y llegaría a los US$ 300.000.
El destino del oro era la empresa Gebarah et Fills Ltd, domiciliada en Beirut, República de Líbano.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA) y en un principio fueron detenidas cinco personas, dos de ellas posteriormente liberadas.
El fiscal Ocampos pidió prisión para todos, tras argumentar peligro de obstrucción a la investigación y fuga. Sin embargo, el juez concluyó que el arresto domiciliario bajo fianza real de G. 600 millones decretada sobre seis inmuebles, además de la fianza personal de G. 150 millones de sus abogados era suficiente.
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