El Gobierno de Argentina informó que va a citar a 1.200.000 ciudadanos que hoy están cobrando la pensión por invalidez. Las autoridades sostienen que se montó un sistema ilegal durante los gobiernos kirchneristas, donde se habrían desviado 3.400 millones de dólares.
El Gobierno de anunció que pondrá en marcha una auditoría total para determinar, dentro de un universo de 1.223.864 personas beneficiarios de pensiones por invalidez, quiénes accedieron de manera irregular a dicho beneficio.
Se sospecha que cerca de medio millón de pensiones serían “truchas”, porque para acceder al cobro se cometieron ilícitos en el trámite necesario para conceder la pensión. En otras palabras, se busca identificar a personas que estén cobrando la pensión sin cumplir los requisitos legales para merecerla.
A los que sean descubierto no solo se les dará de baja el beneficio, también se abrirá una causa penal. Si se comprueba esta hipótesis, se podría alcanzar un ahorro en el gasto en pensiones de unos 100.000 millones de pesos argentinos por mes.
El disparador de esta auditoría fue una denuncia presentada semanas atrás por el fiscal federal Guillermo Marijuán. La presentación pide que se investigue “el posible desarrollo de conductas delictivas en las que podrían encontrarse involucrados el expresidente de la nación, Alberto Fernández; así como los entonces directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Espósito y Fernando Gastón Galarraga, y la otrora directora nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez”.
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