La suba de los alimentos impacta de manera directa en los hogares y exige una respuesta pública que evite los atajos conocidos. Entre el control de precios que ha fracasado y la abstención estatal que ignora asimetrías, el gobierno de Santiago Peña propone un Estado que arbitra con información, reglas previsibles e incentivos, en sintonía […]
La suba de los alimentos impacta de manera directa en los hogares y exige una respuesta pública que evite los atajos conocidos. Entre el control de precios que ha fracasado y la abstención estatal que ignora asimetrías, el gobierno de Santiago Peña propone un Estado que arbitra con información, reglas previsibles e incentivos, en sintonía con una agenda social de gran escala.
La inflación de los alimentos es un problema real y cotidiano. Se siente en la mesa y no en los promedios, y por eso condiciona bienestar, expectativas y confianza. Frente a ese desafío, el presidente Santiago Peña viene impulsando un enfoque que reconoce el papel del mercado pero también la responsabilidad del Estado cuando la competencia no alcanza o la información es incompleta.
Ese camino intermedio es relevante porque evita dos extremos igualmente costosos. El control de precios suele degradar oferta y transparencia, mientras que la no intervención absoluta desatiende concentraciones y abusos que terminan pagando los consumidores. El arbitraje público, cuando existe, no reemplaza al mercado, lo ordena y lo hace funcionar mejor.
La condición de posibilidad de ese arbitraje es la trazabilidad. Seguir el recorrido de los precios a lo largo de la cadena permite separar costos reales de distorsiones y actuar con precisión. Sin datos verificables, la política oscila entre la pasividad y la sanción a ciegas. Con datos, gana legitimidad, foco y temporalidad.
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