La juez de Crimen Organizado, Lici Sánchez, elevó a juicio oral la causa contra Freddy David González Silvero, acusado por hechos relacionados al tráfico de drogas en el marco del proceso derivado del operativo Apulia. La acusación fue presentada por el fiscal Denny Yoon Pak. Según la acusación, González Silvero se encargó de depositar el […]
La juez de Crimen Organizado, Lici Sánchez, elevó a juicio oral la causa contra Freddy David González Silvero, acusado por hechos relacionados al tráfico de drogas en el marco del proceso derivado del operativo Apulia. La acusación fue presentada por el fiscal Denny Yoon Pak.
Según la acusación, González Silvero se encargó de depositar el dinero ilícito obtenido por Francisco Javier Portillo Centurión alias “Chino”, proveniente de la comercialización ilícita de drogas realizada por otros integrantes de la organización criminal, en las cuentas habilitadas en distintas entidades bancarias. Además, también habría intercambiado distintos vehículos con Francisco Portillo y otros integrantes del grupo ilícito, para que sean empleados como medio de transporte para entregar drogas y dinero y así a fin evitar las vinculaciones con la organización criminal.
El procesado habría operado como distribuidor de cocaína dosificada y de drogas sintéticas entre los años 2019 y 2022, manteniendo comunicación con distintos proveedores, entre ellos Hernnan Félix Fleitas y realizando entregas tanto en su domicilio como mediante repartos a clientes en distintos puntos de Asunción. También se le atribuye haber gestionado pagos a agentes policiales de la Comisaría 20 para facilitar el funcionamiento del esquema ilícito en determinados barrios de la capital.
El Ministerio Público expuso además que González Silvero habría participado en depósitos de dinero presuntamente producto de la comercialización de drogas, además de gestionar vehículos utilizados por la estructura para entregas y traslados. Otra de las líneas acusatorias sostiene que el imputado habría convertido ganancias ilícitas en bienes registrándolos a nombre de su madre o su pareja, quienes, según la carpeta fiscal, no contaban con la capacidad económica para justificar dichas adquisiciones.
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