Esta semana, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió una resolución por la cual recomienda la suspensión del llamado para la fiscalización de las obras de ensanche de las rutas 2 y 7. La misma ya fue adjudicada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al consorcio Cruz & Dávila (Chile)-Electroconsult del Paraguay (local) por 8,5 millones de dólares, pero ante una sospecha de irregularidades, Contrataciones recomienda dejar el proceso en stand by.
Ayer intentamos comunicarnos con la directora de proyectos estratégicos del MOPC, Claudia Centurión, quien en anteriores ocasiones habló sobre esta licitación, pero esta vez dijo que no era un tema de su competencia.
En una de las empresas adjudicadas, la chilena Cruz & Dávila, trabajó justamente Centurión, la directora de Proyectos Estratégicos, según se supo.
El pasado 11 de setiembre el MOPC adjudicó la fiscalización de la obra sin esperar la resolución de Contrataciones Públicas sobre las pesquisas abiertas en ese momento. Una de esas pesquisas fue justamente la que motivó ahora la recomendación de suspender el proceso. Esto se inició tras una protesta presentada por el Consorcio Vial Este, al que ni siquiera se le permitió presentar su oferta económica, pues lo descalificaron en la etapa técnica.
El consorcio denunció y más tarde se comprobó que las dos ofertas que seguían en carrera junto con la hoy adjudicada estaban salpicadas de hechos irregulares. Es el caso de la presentada por Typsa-Caen (10,2 millones de dólares). Typsa es la compañía que por un contrato con la adjudicada para las obras (Sacyr-Ocho A-Mota Engil) se estaba haciendo cargo del diseño de la misma, y pretendía fiscalizar lo que ella misma diseñó.
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