La jueza Elvira Franco González favoreció hoy con una controvertida decisión a la ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz, para evitar que esta sea escrachada por un grupo de mujeres víctima de violencia familiar que le reclamaron la defensa de las mujeres. Alertan que la medida puede sentar nefasto precedente para criminalizar los escraches, por lo que denunciarán a la jueza ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La resolución de la jueza Franco González “es un absurdo en primer lugar porque la jueza está prohibiendo acerca a estos ciudadanos acercarse a una institución públicas”, reprochó el abogado Óscar Tuma, que asumió la defensa de Natalia Daniela Ávalos Villalba, Liliana Cardozo Fernández y Viviana Raquel Benítez Lesme, las afectadas por la resolución de la magistrada.
El mismo destacó que el colmo del absurdo es que la jueza impide a víctimas de violencia contra la mujer acercarse al ministerio que debería de protegerlas en esa situación de vulnerabilidad. “En el fondo, ellas están reclamando hace bastante tiempo que se haga justicia en torno a los casos que ellas están padeciendo”, destacó el abogado y exlegislador, que anunció que tomarán medidas judiciales contra la decisión.
Las prohibiciones impuestas por la jueza no solo incluyen la restricción de acercarse a 500 metros de la ministra, sino también incluso emitirle críticas a través de las redes sociales. Esto para el abogado es grave, puesto que podría sentar jurisprudencia para que otros políticos accionen para evitar los escraches, que fueron la única medida de presión ciudadana efectiva para castigar a políticos vinculados a casos de corrupción.
“Esto genera un precedente bastante negativo, porque si tenemos en cuenta la igualdad ante la justicia, se presume que cualquier político podrá accionar ante los escraches que tantos les -o nos molesta- e impedir que el ciudadano pueda manifestarse libremente ya acceder un derecho básico como es reclamar por lo que les corresponde”, afirmó.
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