El presidente Santiago Peña descartó aumentar impuestos para financiar las nuevas demandas sociales. El Ministerio de Economía confirmó, al mismo tiempo, que trabaja con la DNIT en una revisión de las exenciones y deducibilidades vigentes. La decisión abre una discusión que Paraguay postergó durante años: cuánto cuestan los beneficios fiscales y cuáles siguen teniendo una […]
El presidente Santiago Peña descartó aumentar impuestos para financiar las nuevas demandas sociales. El Ministerio de Economía confirmó, al mismo tiempo, que trabaja con la DNIT en una revisión de las exenciones y deducibilidades vigentes. La decisión abre una discusión que Paraguay postergó durante años: cuánto cuestan los beneficios fiscales y cuáles siguen teniendo una razón para existir.
La crisis médica volvió a producir una reacción conocida. Aparece una necesidad urgente de recursos y rápidamente surge la propuesta de aumentar algún impuesto. Esta vez se habló del tabaco, de las rentas empresariales y de otras alternativas para conseguir dinero adicional. Santiago Peña cerró esa puerta esta semana. Su Gobierno mantendrá las tasas actuales y no creará nuevos tributos. La decisión obliga a buscar recursos dentro del sistema que Paraguay ya tiene.
Óscar Lovera señaló dónde puede comenzar esa búsqueda. El ministro de Economía confirmó que el Gobierno está revisando el gasto tributario, es decir, las exenciones y deducibilidades que reducen lo que efectivamente recauda el Estado. Los estudios manejados por el MEF estiman ese universo en alrededor de USD 1.000 millones. La cifra no representa dinero automáticamente recuperable: muchas exenciones tienen fundamentos económicos o sociales perfectamente válidos. Su magnitud, sin embargo, justifica saber qué resultados produce cada una.
Paraguay construyó buena parte de su competitividad alrededor de impuestos relativamente bajos y reglas tributarias sencillas. Esa ventaja merece ser preservada. Subir las tasas que pagan empresas y trabajadores formales puede aumentar la recaudación, pero también modifica decisiones de inversión, contratación y consumo. Revisar un beneficio concedido años atrás plantea una pregunta diferente: si todavía existen las condiciones por las cuales el Estado decidió renunciar a esos ingresos.
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