El ministro de Justicia, Ángel Barchini, ha emitido una advertencia a los directores de cárceles de todo el país, enfatizando que están bajo estricta vigilancia y control.
Barchini lamentó que la influencia del dinero proveniente de criminales encarcelados esté corrompiendo a las autoridades responsables de su custodia. La situación se ha agravado a tal punto que, incluso personal uniformado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como funcionarios del Ministerio de Justicia, se han visto involucrados en casos de corrupción.
La reciente intervención fiscal en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este es un claro ejemplo de esta problemática. Durante esta intervención, se descubrió el ingreso ilegal de drogas y otros productos en complicidad con los guardiacárceles, incluido el propio director Rubén Lombardo. Lombardo fue destituido por obstruir la entrada a la Fiscalía, a pesar de la autorización de Barchini para la intervención.
En su reemplazo, Víctor Aliente asumió el cargo. Barchini subrayó la necesidad de una postura firme y decidida para enfrentar al crimen organizado, tanto dentro como fuera de las penitenciarías.
Sin embargo, más allá de estas declaraciones, las acciones concretas para combatir estos problemas permanecen ambiguas.
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