La implementación de la Ley 5777/2016 “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia” fue objeto de debate en el Poder Judicial en la mañana de ayer.
En la reunión encabezada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, estuvieron presentes la defensora general interina, Selva Morel; la titular de la Secretaría de Género, Silvia López Saffi; la coordinadora de la Dirección Técnico Forense, María Victoria Cardozo; y la jueza de garantías Lici Sánchez, entre otras autoridades judiciales.
“La reunión se refiere a la implementación de la nueva ley que tipifica y califica el hecho punible de feminicidio y específicamente a la entrada en vigencia inmediata del artículo 50 que habla del hecho punible en sí de feminicidio. Todas las demás actuaciones, prevención de violencia doméstica y demás hay un lapso de un año para su implementación”, explicó la jueza Sánchez.
La representación legal de la víctima –que actualmente solo se puede ejercer a través de abogados particulares– y la atención a los hijos de la víctima, que generalmente quedan desamparados, son algunos de los aspectos que son analizados por las autoridades.
Sánchez destacó la importancia de la participación de representantes de otras instituciones, como el Ministerio Público y Ministerio del Interior, entre otras, de manera de establecer un programa de atención integral para este tipo de casos.
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