El tenor de la nota firmada por cinco de los nueve sindicatos de Itaipú, que amenazan con paralizar la hidroeléctrica, hace que se inicie de inmediato una investigación que en principio incluye dos hechos punibles: perturbación de los servicios públicos en grado de tentativa y coacción.
El fiscal Santiago González confirmó que cerca de la medianoche él y su colega Silvia Cabrera fueron designados por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez para abrir una investigación penal, ante la aparición de una nota atribuida a sindicalistas de la Itaipú Binacional.
“Es gravísimo el tenor de lo expresado en la nota, por eso tenemos que ser objetivos, ver los tipos penales que podrían caber ahí, perturbación de los servicios públicos en grado de tentativa y coacción, son los primeros tipos penales que vimos”, confirmó González en entrevista con la 730 AM.
Aclaró que en este caso no se podría hablar de una “amenaza de hecho punible”, ya que esto se tipifica en otros tipos penales.
“Tenemos que deslindar quiénes son los que intervienen, porque ya existe un comunicado de uno de los sindicatos donde niegan”, recalcó el fiscal.
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