Organizaciones campesinas y de mujeres, a través de comunicados públicos, expresaron su enérgico repudio a la decisión del juez de Garantías Édgar Manuel Lezcano, quien otorgó prisión domiciliaria a un hombre denunciado por el abuso sexual de su propia hija de 12 años en Minga Porã, Alto Paraná.
El magistrado dispuso medidas alternativas a la prisión, pese a que el procesado había amenazado previamente a la víctima y a sus familiares, quienes tuvieron el valor de denunciar el hecho.
El acusado reside a poca distancia del hogar de la niña, en Minga Porã, un municipio pequeño y rural de Alto Paraná, lo que pone en grave riesgo la seguridad y el bienestar de la víctima.
Por esta razón se pronunciaron las organizaciones Kuña Poty, Asociación de Familia Campesina, Conamuri, Mujeres Unidas de Minga Porã, Asagrapa, Asociación de Productores 1°de Marzo y Movimiento Campesino Paraguayo y realizaron una protesta este lunes frente al Juzgado de Primera Instancia de la ciudad.
Esta decisión judicial vulnera los principios del interés superior del niño y contradice los compromisos internacionales de protección a la infancia asumidos por el Estado paraguayo.
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