Cinco agentes de la Policía Nacional y una abogada fueron imputados por los hechos punibles de privación ilegítima de libertad y extorsión, tras supuestamente exigir una suma de dinero a un ciudadano para evitar ser vinculado a una organización criminal, en Presidente Franco.
Los hechos se remontan al pasado 3 de junio en la zona de Presidente Franco. La víctima, un joven de 27 años, fue interceptado y llevado en un móvil particular por los agentes policiales. Se le informó que supuestamente poseían información que lo vinculaba a una organización criminal y le exigieron la suma de 50.000 dólares para “evitar los allanamientos o profundizar la investigación”, especialmente mencionando a sus padres mayores.
Según la declaración de la víctima, fue trasladado a la base de investigaciones, donde le exigieron el dinero para su liberación. En ese momento, apareció una abogada, quien, presentándose como su representante legal, se reunió con los policías y luego le indicó al joven que “no había nada que hacer, que tenía que poner esa suma de dinero”. Ante la imposibilidad de reunir el monto, el hombre se vio obligado a vender su vehículo, y los agentes junto con la abogada lo acompañaron a entidades bancarias para realizar extracciones. Finalmente, logró reunir 216 millones de guaraníes y fue liberado.
Este no sería un caso aislado; las autoridades manejan información de que existirían otras víctimas. De hecho, registran una denuncia pendiente contra agentes de la misma unidad policial, aunque aún sin imputaciones. Uno de los casos anteriores, ocurrido en abril, es particularmente grave, ya que la víctima relató que los agentes lo trasladaron a territorio brasileño para presionar a su familia a pagar los 50.000 dólares. Esto generó interrogantes sobre cómo lograron cruzar el Puente de la Amistad con un “detenido” portando armas de fuego, lo que sugiere una operación temeraria o incluso...
Este tipo de incidentes trae a la memoria un episodio anterior en Alto Paraná, donde la oficina antitrata de la Policía Nacional fue desmantelada hace aproximadamente dos años debido a una grave denuncia. Actualmente, la región no cuenta con esta oficina, y los procedimientos son realizados por agentes de Caaguazú. La frecuencia y aparente impunidad con la que operan estos grupos, con casos en abril y junio, indican que trabajan con total tranquilidad.
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