Por Miguel H. López | En TW: @miguelhache
Hace más de 1 semana, 8 militares de la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) fueron abatidos. Según los organismos del Estado, por miembros del EPP, aunque ningún grupo reivindicó el hecho ni hay indicios concretos de que fueran ellos, salvo declaraciones políticas de los encargados del caso y explicaciones -sin exhibición de pruebas concluyentes- de voceros del Ministerio del Interior que cita a cierto servicio de Inteligencia.
Hasta el momento no hay avances reales en el grave caso de muertes; y el Gobierno se ocupa más de buscar distraer la atención del foco del asunto y de evitar asumir su gran responsabilidad en el caso, tirando piedras a fantasmas que él mismo se inventa, teniendo como telón de fondo las generales de 2018 y la catastrófica caída de la popularidad de Cartes y del Partido Colorado, soporte de su gestión.
En ese afán, meridianamente torpe, estigmatiza y criminaliza a sectores de oposición, cargando el punto en los de izquierda; y acusando a diestra y siniestra sin promover acciones judiciales concretas como se espera de gente seria, si es que existen indicios, responsables o eventuales vínculos con los criminales.
El EPP salió a la luz en 2004 bajo el gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos; entonces los registros hablaban de 3 muertes. Siguió operando bajo la administración del centroprogresista Fernando Lugo, con 14 muertes en 4 años; cobró vuelo estando en el poder tras el golpe parlamentario, el liberal Federico Franco, con 4 muertes en 1 año; y con Cartes, en 3 años, van 40 muertes registradas.
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