Las ondas expansivas del caso “Lava Jato”, que detonó en Brasil en 2014, ¿alcanzan por fin a Itaipú o solo se trata de cambiar algo para que nada cambie en la casi cincuentenaria estructura del ente? Lo concreto es que una comisión binacional de fiscalización está en ciernes, informan.
El actual Gobierno brasileño, encabezado por Michel Temer, no descubrió la pólvora ni inventó la rueda. Los planes –o meros enunciados– de fiscalización conjunta de la gestión administrativa de la entidad binacional ganaron intensidad e inclusive ocuparon espacios en los discursos de los políticos desde el desplazamiento de la losa dictatorial stronista en 1989.
Por ejemplo, en el programa de Gobierno que sustentó la campaña de Nicanor Duarte Frutos por el período presidencial 2003/2008, en su capítulo “Energía para el Desarrollo”, el entonces candidato proponía “...llevar a cabo una auditoría a profundidad sobre los ejercicios anteriores de todo lo actuado hasta en Itaipú (1973-2003), lo que permitiría conseguir una reducción o incluso eliminación de las deudas pendientes”.
El lapso de referencia pasó, pero la entidad binacional siguió manejándose como un “tercer Estado”.
En 2008, luego del triunfo de la Alternancia, cuyos protagonistas agitaban entre sus banderas electoralistas los viejos reclamos paraguayos ante Brasil en Itaipú, en el ítem N° 5 del pliego que entregaron a Celso Amorim, entonces ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, en su primera visita al gobierno de Fernando Lugo, se decía lo siguiente: “Fiscalización a cargo de los organismos de control de los dos países de todo lo actuado en la administración de la entidad...”.
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