Autoridades como Raúl Latorre y Basilio Núñez ponderaron el "achicamiento del Estado" y la disciplina fiscal del presidente argentino, pero esa narrativa choca con la realidad doméstica.
El reciente desembarco de Javier Milei en Asunción volvió a activar una avalancha de elogios desde el oficialismo colorado. Autoridades como Raúl Latorre y Basilio Núñez ponderaron el "achicamiento del Estado" y la disciplina fiscal del presidente argentino, pero esa narrativa choca con la realidad doméstica: Paraguay mantiene una estructura estatal con plantillas en crecimiento, débil control de la carrera pública y un ecosistema de privilegios que facilita el ingreso y la permanencia de parientes y allegados en la administración. La distancia entre el discurso y la práctica local es...
En el papel, el país cuenta con una norma específica que prohíbe el nepotismo en la función pública: la Ley 5.295/2014 sanciona a la autoridad que nombre o contrate a parientes en contravención de la ley. También obliga a la remoción del funcionario indebidamente designado. Es decir, el marco legal existe y es claro respecto a los vínculos de consanguinidad y afinidad que están vedados.
Además, desde el 16 de julio de 2025 rige una nueva Ley de la Función Pública y del Servicio Civil (N° 7.445/2025) que promete profesionalizar el empleo estatal, ordenar la carrera administrativa y fijar reglas más estrictas para el ingreso y la promoción. El propio Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría de la Función Pública difundieron sus lineamientos, que, bien aplicados, deberían reducir la discrecionalidad política y cerrar espacios para el amiguismo.
La teoría, sin embargo, tropieza con la práctica. El país arrastra problemas de "planillerismo" —cobro de salarios sin contraprestación—, controles laxos de asistencia y una cultura de contratos temporales o comisionamientos que, en los hechos, permiten esquivar concursos y perpetuar lógicas de padrinazgo. Informes y auditorías de la Contraloría han expuesto reiteradamente estas debilidades, revelando pagos indebidos y fallas de supervisión.
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