Esta es la tercera carta abierta dirigida al timonel de nuestro desarrollo. De paso, estoy seguro de que estarán leyendo los administradores energéticos.
Sería una descortesía no hacerlo, puesto que aquí no se juzga a nadie en particular, sino al “sistema” que dejó al sector energético en la miseria que todos conocemos.
La única intención de estos pensamientos es la búsqueda del bien común. Si pretendiéramos pagos, prerrogativas u otros intereses, sencillamente no opinaríamos. Siempre dije: “escribir tiene un costo personal muy alto”. Las mafias de los barones de Itaipú y Yacyretá, unidos a los contratistas y a la estructura administrativa prebendaria y entreguista, hacen que luchar por el cambio sea una labor peligrosa y de muy baja renta.
Mientras la carga presupuestaria que incluye al Consejo de Administración, al Directorio Ejecutivo y a la gerencia viajera de 200 personas, sumados a los 1.600 empleados, representen solo el 5% de los gastos de personal; mientras los US$ 150 millones de los “gastos sociales”, que tampoco llegan al 4% de un presupuesto global de US$ 3.291 millones anuales, sean una insignificancia, esto no cambiará. El rumbo de colisión hasta el 2023 seguirá inmutable.
Para agravar todo esto, los nuevos empleados que son contratados y hoy ya llegan a un 60% reciben un chip del sometimiento incorporado. Muy pocos rechazaron esa impronta poniendo en riesgo su continuidad. Particularmente solo conozco a una decena de personas con ese perfil.
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