Paraguay, que en 2001 ratificó el Estatuto de Roma contra los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, necesita una ley interna para llevar a cabo esos compromisos y que no queden en algo “teórico”.
Hugo Relva, asesor jurídico de Amnistía Internacional (AI), visitó Paraguay esta semana y mantuvo reuniones con miembros del Parlamento, de la comunidad universitaria y del Poder Judicial para concienciar sobre la importancia de que el país adopte una ley interna que implemente los principios del Estatuto de Roma.
“Si el Estado no adapta el tratado a su legislación interna, queda en el aire, es solamente teórico. Necesitamos una ley para que el Estado pueda ejercer la competencia penal sobre estos crímenes y poner fin a la impunidad”, declaró Relva en una entrevista con Efe.
El instrumento legal permitirá juzgar en Paraguay casos de torturas, desaparición forzada de personas, esclavitud y otras formas de violaciones graves a los derechos humanos, cometidos a partir de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma.
También hará posible someter estos casos a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, en caso de que un Gobierno no esté dispuesto a juzgarlos o de que el sistema de justicia del país donde se registraron quede inoperante.
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