En San Lorenzo el agua potable, ese derecho humano reconocido por la ONU desde 2010, sigue siendo una promesa incumplida. Y como suele ocurrir cuando lo esencial tiene fallas repetidas de manera casi constante, la paciencia ciudadana se transforma en acción. La más reciente muestra vino de un grupo de usuarios de la aguatera «La […]
En San Lorenzo el agua potable, ese derecho humano reconocido por la ONU desde 2010, sigue siendo una promesa incumplida. Y como suele ocurrir cuando lo esencial tiene fallas repetidas de manera casi constante, la paciencia ciudadana se transforma en acción.
La más reciente muestra vino de un grupo de usuarios de la aguatera «La Familia» de Calleí. Lo que empezó como un grupo de WhatsApp para compartir quejas por facturas consideradas excesivas terminó en una protesta pacífica en la calle. Una señal clara: los sanlorenzanos ya no están dispuestos a aguantar en silencio los abusos que perciben en un servicio tan vital.
El problema, sin embargo, va más allá de una empresa. En verano las quejas se repiten contra varias aguateras privadas: baja presión en horas críticas, cortes sin previo aviso, usuarios que deben esperar hasta la madrugada para poder bañarse o limpiar, y la sensación de ser maltratados cada vez que intentan reclamar. El resultado es siempre el mismo: familias que pagan caro por un servicio deficiente.
Pero la indignación ciudadana no se dirige solo a las aguateras, ya que el cuestionamiento también recae sobre los entes responsables de controlar el servicio. La ERSSAN recibe todos los años denuncias en masa. Sus técnicos visitan, revisan, anotan… y allí se apaga la historia. Las sanciones son la excepción, no la regla. Y mientras tanto, los usuarios siguen atrapados entre boletas elevadas y canillas por donde caen gotas de agua que para algunos usuarios son prácticamente de «oro».
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