Tras la recusación de la fiscal Zunilda Ocampos en la investigación contra agentes de la comisaría 7ª del barrio San José de Ciudad del Este, denunciados por secuestro y extorsión, fue confirmada ayer su colega Estela Mary Ramírez, a quien le asignaron provisoriamente la causa, hasta tanto se resuelva la recusación planteada por la representación legal de la víctimas. Los hechos graves atribuidos a los uniformados fueron simplificados por Ocampos, quien los imputó por delitos menores. Como primera medida, Ramírez confirmó que llamará a las víctimas y notificará nuevamente a los procesados, quienes fueron premiados con arresto domiciliario.
La agente fiscal citó a nueva indagatoria a los suboficiales Alcides Villalba González, Francisco Prieto Montiel, Pedro Javier Deleón y Antonio Ávalos Pereira, inicialmente imputados por privación ilegítima de libertad, extorsión y cohecho pasivo agravado, para que junto con su abogado de confianza se presenten a responder por extorsión agravada, hecho que podría modificar la situación jurídica de todos ellos. En cuanto a las víctimas, la fiscal anticipó que serán los primeros convocados para ampliar su testimonio, de manera a acreditar la existencia de la nueva tipificación a ser agregada...
En otro momento, la representación pública afirmó que notificará a la oficina de denuncias del Ministerio Público de CDE en torno a las amenazas de que los uniformados “plantarían” cocaína en el vehículo de las víctimas para justificar su irregular procedimiento y pedirá su investigación a través de la unidad especializada antidroga de turno. En ese punto, relacionó la implicancia del presunto usurero Fernando Daniel Ortigoza, declarado rebelde en el caso, con los uniformados procesados en la causa.
Si bien la fiscal Ramírez no lo dijo de manera taxativa, confirmó lo que La Clave viene señalando en sucesivas publicaciones: la imputación de la fiscal Zunilda Ocampos se habría formulado selectivamente para favorecer a la corrupción en las filas policiales. Señaló haber leído el contenido de las diligencias ordenadas por su antecesora y anunció que igualmente reiterará el pedido de filmaciones de circuito cerrado en los lugares recorridos por las víctimas hasta su arribo en la comisaría 7ª.
“Prima facie”, se dan los requisitos para la aplicación de la tipificación de extorsión agravada, conforme refirieron ayer en la Fiscalía abogados penalistas. De pasar la calificación de delito, imputado por Zunilda Ocampos, la nueva titular de la acción penal expondría a los agentes policiales a penas que podrían llegar a los 15 años de cárcel.
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