El clan Núñez convirtió la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) en una “sucursal” de la Opaci al nombrar a varios de sus leales. La ONG, “blanqueada” por la oficina estatal, seguirá sin sustento legal con las millonarias recaudaciones, vía comunas, por la expedición de registros, habilitación de vehículos y otros trámites.
LIMPIO (Juan Jara, corresponsal). Los contribuyentes de las 250 municipalidades seguirán financiando obligatoriamente a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), según lo establecido en el Art. 30 de la Ley N° 5016/14 “Nacional de Transito y Seguridad Vial”. La normativa delega un “servicio público” a la ONG para crear un Registro Nacional de Licencias de conducir y antecedentes de tránsito.
La Opaci, manejada por el clan Núñez, cobra actualmente G. 20.000 por la renovación y expedición de licencias. Comercializa las precintas para habilitación de vehículos y retiene ilegalmente los impuestos municipales por transferencias de bienes raíces y operaciones de créditos. La entidad usa el desfasado decreto presidencial N° 1216/93 para despojar de recursos a los ciudadanos.
Pero el “blanqueamiento” por parte de la oficina estatal a la entidad no gubernamental también fue aprovechada por los hermanos Núñez: Basilio (asesor político del presidente Cartes), Óscar (diputado nacional) y Ricardo (reelecto titular de la Opaci por otros cinco años) para ubicar a varios de sus leales como funcionarios públicos. El director ejecutivo de la institución es Justo Pastor Domínguez, antiguo funcionario de la Opaci.
Óscar Portillo se desempeña como director de la Administración y Finanzas de la agencia. Fue asesor financiero en la Opaci, con un salario de G. 8.000.000, según fuentes.
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