La administración de los recursos públicos en Presidente Franco está en el centro de una controversia que refleja una profunda preocupación, tanto de los concejales como de la ciudadanía, ante el manejo poco claro de los fondos municipales bajo la gestión del intendente Roque Godoy. Las recientes denuncias del concejal Hugo Mendoza contra el jefe […]
La administración de los recursos públicos en Presidente Franco está en el centro de una controversia que refleja una profunda preocupación, tanto de los concejales como de la ciudadanía, ante el manejo poco claro de los fondos municipales bajo la gestión del intendente Roque Godoy. Las recientes denuncias del concejal Hugo Mendoza contra el jefe comunal no solo encienden alarmas sobre prácticas administrativas cuestionables, sino que también evidencian un problema más grave: la aparente falta de respeto por los principios de transparencia y responsabilidad en la administración pública.
Según Mendoza, el intendente ya habría comprometido casi G. 5.000 millones del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2025 mediante licitaciones públicas «ad referéndum», un mecanismo que, aunque válido en circunstancias excepcionales, se presta al abuso si no se aplica con estrictos controles. Esto se suma al presunto agotamiento de los recursos provenientes de royalties y Fonacide del 2024, que ascienden a G. 26 mil millones.
Es inadmisible que los recursos destinados a mejorar la infraestructura, la educación y otros servicios básicos de la ciudad sean manejados de manera opaca, hipotecando el bienestar financiero de los franqueños. La emisión de un acta de recepción definitiva para una obra inexistente, atribuida al director de obras, Cristhian Ortiz, ilustra claramente el nivel de desorganización y la falta de seriedad con la que se gestionan los proyectos en la administración municipal.
La ciudadanía, con toda razón, está preocupada. No se trata solo de señalar posibles actos de corrupción o negligencia, sino de exigir que los recursos públicos se manejen de manera ética y transparente. Organizaciones como la Contraloría Ciudadana ya han manifestado su inquietud, y es imperativo que sus voces sean escuchadas.
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