Las 32 familias que debían beneficiarse con un préstamo de la entonces Senavitat, a través de una cooperativa, para acceder a viviendas en la ciudad de Limpio, denuncian ahora que la Procuraduría les solicitó G. 900 millones solo para poder participar en la subasta de las casas en las que ya residen. De esta manera, el Gobierno busca recuperar los fondos invertidos tras una malversación durante la ejecución del proyecto.
Acusan a la Procuraduría de pedir G. 900 millones a familias que temen ser desalojadas
Continúan las denuncias sobre hechos llamativos en el caso de las 32 familias que, en 2011, “recibieron” un préstamo de la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), hoy , a través de una cooperativa, para acceder a la casa propia.
Las viviendas, construidas en Limpio, estuvieron a cargo de la cooperativa de viviendas por ayuda mutua Tava Rory Ltda. (Covitava). Sin embargo, dicha entidad fue intervenida por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) debido a la malversación de fondos destinados a la construcción, lo que resultó en la liquidación de la “entidad solidaria”, proceso que aún sigue en curso.
Esto provocó que las viviendas nunca se completaran y, ante esta situación, las familias se vieron obligadas a mudarse a casas inconclusas, terminando las obras como pudieron, siguiendo las recomendaciones de los administradores de la cooperativa. Sin embargo, nunca lograron pagar las cuotas pactadas inicialmente, de G. 540.000 mensuales durante 20 años.
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