Representantes de unas ocho organizaciones requerirán mañana al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, que el agente del Ministerio Público Julio Ortiz sea apartado de la causa por acoso sexual contra un docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA).
En primer término, y sin titubear, el agente abandonó la acusación contra el Dr. Gustavo Rodríguez Andersen al allanarse a un pedido de excepción, “por extemporaneidad de la denuncia”, interpuesto por la defensa técnica durante la pasada audiencia preliminar en un Juzgado de San Lorenzo.
Después, y sin medir las consecuencias, el fiscal en cuestión acusó públicamente a la joven denunciante por la prescripción de la causa, ya que no hizo la denuncia dentro del plazo de seis meses de ocurrido el hecho, tal como estipula el artículo 98 del Código Procesal Penal, invocado por la defensa del médico acusado.
“La actuación del fiscal de la causa sin dudas violó estándares de derechos humanos a los que el Paraguay está obligado para investigar, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, con la debida diligencia y evitando la revictimización de la víctima”, reza el comunicado con el que varias organizaciones solicitaron audiencia con el fiscal general del Estado.
La Dra. Escobar, madre y egresada de Medicina-UNA, indicó que solicitarán que se asigne a un “agente idóneo” para atender este tipo de casos y que se abra una nueva carpeta fiscal bajo el tipo penal de “coacción sexual”, cuya expectativa de pena es de diez años de cárcel.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
