El juez José Delmás no hizo lugar al pedido de autorización para trabajar de las abogadas Liz Martínez Robles y Nelida Vicenta Alcaraz Bogarin, imputadas por un pedido de coima y tráfico de influencia en la causa que involucra a la fiscal Ana Girala.
Las profesionales en derecho solicitaron el permiso especial ambulatorio para que ambas puedan continuar sus actividades laborales, teniendo en cuenta que otras imputadas en esta causa, las funcionarias del Ministerio Público Cristhi Magali Ortega y Griselda Acha, fueron beneficiadas con esta autorización.
La Fiscalía no se opuso al pedido de concederles el permiso especial para trabajar en el horario de 06:00 a 14:00 de lunes a viernes, sin embargo solicita al Juzgado que se mantengan las demás medidas impuestas a las procesadas.
El magistrado consideró que los hechos punibles atribuidos a las imputadas habrían sido cometidos , supuestamente cometidos por las incoadas justamente han sido realizados en el desempeño de sus funciones como Abogadas (auxiliares de justicia), “donde conforme se desprende del Acta de imputación acaecieron los hechos, y que las mismas cuenta con arresto domiciliario los fundamentos y las apreciaciones que motivaron a este juzgador a decretar dicha medida no han variado”.
Alega además que a la fecha el peligro de obstrucción a la investigación sigue latente para ambas, motivo por el cual resolvió no hacer lugar al pedido de permiso y ratificar la prisión preventiva.
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