La jueza Maria Wyder rechazó el pedido de la defensa de María Virginia Araki, acusada en el marco de la causa Ultranza Py, de acceder a una computadora en su lugar de reclusión, la cárcel de mujeres “Serafina Davalos” de Coronel Oviedo, para tomar clases a distancia de Derecho. La Fiscalía alertó que de acceder […]
La jueza Maria Wyder rechazó el pedido de la defensa de María Virginia Araki, acusada en el marco de la causa Ultranza Py, de acceder a una computadora en su lugar de reclusión, la cárcel de mujeres “Serafina Davalos” de Coronel Oviedo, para tomar clases a distancia de Derecho. La Fiscalía alertó que de acceder al pedido, se vulnerarían normas de seguridad de los establecimientos penitenciarios.
Los Abgs. Víctor Medina Silva y Hugo López, defensa de Araki, solicitaron una Tutela Jurisdiccional, arguyendo que la acusada atraviesa “una situación profundamente difícil, no solo por la privación de libertad que enfrenta desde hace casi dos años, sino también por la complejidad del proceso penal en el que se supuestamente se halla involucrada, cuyas características hacen prever que el trámite judicial podría extenderse por un tiempo considerable antes de obtener una respuesta definitiva del Estado”.
En ese contexto, la procesada expresó su deseo de seguir estudiando, por lo que solicitó que se le permita continuar su formación académica mediante el acceso a clases virtuales de la carrera de Derecho ofrecida por la Universidad Americana; para tal efecto, la defensa pidió el ingreso de una computadora tipo Notebook (nueva, en caja cerrada) al Centro Penitenciario de Mujeres «Serafina Dávalos» “cuyo uso estará estrictamente limitado a fines académicos y sujeto al control absoluto de las autoridades penitenciarias”. Para garantizar el uso correcto de la computadora portátil, alegaron que...
“El uso de la notebook se realizará exclusivamente en los horarios y condiciones pedagógicas debidamente justificadas y autorizadas por la dirección del centro, asegurando que en todo momento se mantenga el orden, la disciplina y la seguridad penitenciaria conforme a la normativa vigente”, concluyó la defensa.
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