En solo seis meses, la justicia de Brasil determinó que Vilmar “Neneco” Acosta Marques debía ser juzgado en Paraguay por delitos comunes. En nuestro país, la Justicia inexplicablemente estuvo a punto de posponer por 5 meses el inicio del juicio, por haber otros “casos más urgentes”.
Vilmar Acosta Marques fue detenido el 4 de marzo de 2015 en el municipio de Caarapó, estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, en un operativo conjunto de la Policía civil de ese país con la del Paraguay.
Acosta Marques había escapado al día siguiente del asesinato del periodista Pablo Medina, ocurrido el 16 de octubre de 2014, ocasión en que también murió quien lo acompañaba, la joven Antonia Almada. El hecho ocurrió en Villa Ygatimí, Canindeyú, cuando Pablo retornaba de una cobertura.
Acosta basó su defensa en que no correspondía su extradición por ser un ciudadano brasileño (la Constitución Nacional de Brasil la prohíbe para sus connacionales) y además se declaraba un perseguido político.
Sin embargo, para José Antonio Díaz Toffoli (ministro relator del caso), Teori Zavacski (juez), Carmen Lucía Antunes (magistrada) y Gilmar Mendes (juez), el citado procesado es paraguayo. “Hay innumerables elementos de prueba de que nació en suelo paraguayo, lo que corrobora su nacionalidad paraguaya”, decía el fallo. Los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) de la nación vecina rechazaron el argumento de persecución política.
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