Son muchos años de funcionamiento del esquema de estafas conocido como la mafia de los pagarés. En todo este tiempo, los delincuentes han dejando un verdadero reguero de víctimas, y estas ya no pueden seguir aguardando a que las instituciones les ofrezcan una solución, pues está en juego nada menos…
Mientras la red de delincuentes que operan como en una plataforma instalada en diversas instituciones del Estado sigue presionando sobre sus víctimas, las miles de personas perjudicadas siguen clamando justicia y aguardando respuestas de las autoridades.
En el Congreso Nacional, la Comisión Especial de la Mafia de los Pagarés ya dispone de algunos datos interesantes: casi un 80% de las víctimas son funcionarios públicos; según el Registro de Víctimas, de 2.000 personas afectadas, el 79% son funcionarios públicos, mientras que el 6,1% son jubilados y solo el 9,3% son empleados privados. Del 79% de funcionarios, el 40% de las víctimas son del Ministerio de Educación, y alrededor del 15% funcionarios del Ministerio de Salud.
Estas personas, sin embargo, no son solo cifras o datos fríos. Son seres humanos que lidian a diario con la sobrevivencia, porque un grupo de delincuentes los escogieron para robarles sus ingresos y sus jubilaciones. Su tormento no tiene fin, pues también deben padecer un verdadero viacrucis en la búsqueda de justicia.
Muchas de las personas afectadas no están satisfechas con el acompañamiento que están recibiendo de los funcionarios encargados de llevar adelante sus casos; una de ellas, por ejemplo, dice haber pagado tres veces después de ser embargada, y que además el fiscal de su causa ya no la recibe.
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