La docente jubilada Laura Mercedes Benítez, una de las tantas víctimas del esquema criminal de la mafia de pagarés, recurrió al Ministerio de la Defensa Pública en busca de una solución a sus procesos de embargo. Sin embargo, según denunció, le pusieron trabas para no asistirla.
El viernes 9 de mayo viajó desde Villarrica hasta la Cámara de Senadores en busca de asistencia de la Comisión Antimafia de Pagarés, donde fue atendida y orientada sobre sus juicios de embargo.
Posteriormente, acudió al Ministerio de la Defensa Pública en Lambaré, ya que tiene embargos en el Juzgado de Paz correspondiente a esa circunscripción. No obstante, denunció una pésima atención por parte de los funcionarios, y especialmente de la defensora pública Claudia Vázquez.
La víctima lamentó que nuevamente tenga que peregrinar por instituciones que han ofrecido públicamente ayuda a las víctimas, pero que en la práctica obstaculizan el ejercicio de la representación legal, expresó la docente.
Agregó que incluso le solicitaron algunos requisitos, como el certificado de vida y residencia, para que pueda ser asistida por la Defensa Pública, lo cual la obligaría a volver a su ciudad para tramitar el documento y regresar nuevamente a Lambaré.
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