El Juzgado admitió el amparo y dio tres días al MOPC, al Mades y a la SNC para informar sobre el proyecto. Rechazó, en cambio, la suspensión inmediata de los trabajos.
Habitantes de Luque y Areguá, junto a la Fundación Conciencia Ambiental del Paraguay, promovieron un amparo constitucional contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). La acción apunta a las obras de la Red Vial Estructurante – accesos a la ruta PY02, que conectan Ypacaraí, Areguá y Luque e incluyen un ramal a San Bernardino.
El corazón del proyecto es un superviaducto de 3,6 kilómetros en territorio luqueño. La demanda también pide la intervención de Rutas del Este SA, la concesionaria que ejecuta la obra bajo una alianza público-privada (APP).
La presentación, patrocinada por el abogado Gustavo Florentín, estuvo acompañada por una movilización de vecinos frente al Palacio de Justicia, en Asunción. Allí, reclamaron garantías de protección ambiental, social y patrimonial.
El principal cuestionamiento es que los impactos se analizaron por lotes y no como una sola infraestructura. “Estamos pidiendo la revisión de las documentaciones que autorizan la obra de la Red Vial Estructurante y, como medida cautelar, la suspensión de las obras completas hasta que se revise y se aclare bien todo el documento desde una perspectiva más integral, que no sea solamente por tramos”, explicó Florentín.
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