Las críticas más duras surgieron desde filas liberales, donde el diputado Adrián Billy Vaesken afirmó que persiste un clima de desconfianza en torno al proceso licitatorio, principalmente por el vínculo que, según señaló, existiría entre la empresa proveedora de las máquinas y el entorno del presidente Santiago Peña.
El proceso de adjudicación para el alquiler de las máquinas de votación destinadas a las elecciones municipales del 2026 volvió a quedar en el centro de la polémica, luego de que legisladores de la oposición expresaran fuertes cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento y alertaran sobre eventuales riesgos de manipulación. Desde la Justicia Electoral, en contrapartida, defendieron con firmeza la legalidad del trámite y la seguridad de los equipos que serán utilizados en los comicios.
Las críticas más duras surgieron desde filas liberales, donde el diputado Adrián Billy Vaesken afirmó que persiste un clima de desconfianza en torno al proceso licitatorio, principalmente por el vínculo que, según señaló, existiría entre la empresa proveedora de las máquinas y el entorno del presidente Santiago Peña. A su criterio, la adjudicación quedó rodeada de una percepción de opacidad que, lejos de disiparse, se profundiza con el paso de los días.
El legislador sostuvo que existen dudas serias sobre la forma en que se condujo la licitación y sobre la idoneidad de los equipos que serán utilizados, a los que calificó como antiguos y técnicamente vulnerables. En ese sentido, recordó que el senador Ever Villalba expuso públicamente fallas que, según dijo, demostrarían la fragilidad del sistema. Vaesken advirtió que la confianza en el proceso democrático no se construye con discursos técnicos, sino con garantías verificables y control real antes, durante y después de la jornada electoral.
El diputado también cuestionó la actitud del TSJE en el manejo de la comunicación pública, al denunciar supuestas restricciones al debate ciudadano en las redes oficiales del organismo electoral tras el anuncio de la adjudicación. Para la oposición, este tipo de medidas no hace más que debilitar la credibilidad institucional en un contexto ya marcado por las dudas.
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