SAN LORENZO. Un grupo de trabajadores de las plataformas de intermediación que brindan servicio de trasporte alternativo se manifestó hoy frente de la municipalidad de San Lorenzo para lamentar que los concejales hayan proporcionado una herramienta, como la ordenanza 232/2019, que afirman sólo sirve para “cazarlos” e impedirles trabajar, por lo que urgen su derogación. El intendente Alcibiades Quiñonez les convocó para mañana, a una audiencia.
Los trabajadores fueron recibidos por el presidente de la Junta Municipal y proyectista de la ordenanza que luego fue aprobada por el pleno del legislativo, el colorado Nelson Peralta. Se trata de la ordenanza 232/2019, bautizada como anti Uber/Muv, por la cual se reglamenta la habilitación, permisión y prestación del servicio.
Peralta dijo a los representantes de los trabajadores que están de acuerdo en dialogar, pero que supuestamente la principal traba son las leyes como es la Ley 5016/2014 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”. La misma refiere en su artículo 22, inciso “b” que se deberá contar con 24 años para la licencia de conducir profesional clase “A” y haber obtenido por dos años la licencia de conducir de categoría “B”, que es la misma que se exige a los taxistas.
Steven Puris, uno de los coordinadores de los conductores de Uber, afirmó que esa categoría se exige, es porque les catalogan como servicio de trasporte público, sin embargo, enfatizó que no lo son sino que prestan un servicio diferenciado. Piden que se tome como modelo la ordenanza que regula el servicio la promulgada en Asunción, a la cual el concejal Peralta calificó de ilegal.
Los conductores luego se reunieron con el concejal liberal Federico “Fredy” Franco, quien finalmente se comprometió a apoyar algunos cambios en la ordenanza. Argumentó estar de acuerdo en la libre competencia y sobre todo que el ciudadano elija el servicio que desea utilizar.
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