El primer proyecto de alianza público-privada (APP), el correspondiente al ensanche de las Rutas II y VII, que terminó adjudicándose a la única oferta, producto de una “alianza” entre empresas que terminó por anular la competencia, evidencia, según analistas, la necesidad de revisar varios aspectos de la ley que regula este régimen.
La propaganda oficial es que nuestro país logró adjudicar su primer proyecto de alianza público-privada (APP) en tiempo récord. Sin embargo, el proyecto de más de US$ 500 millones de inversión y 30 años de plazo, se adjudicó a la única oferta presentada, producto de un acuerdo entre grandes empresas que desembocó en la falta de competencia.
Las compañías Sacyr (España) y Mota Engil (Portugal), que fueron precalificadas por separado, presentaron finalmente oferta como consorcio, y junto con ellas la paraguaya Ocho A.
Hoy por hoy la ley permite adjudicar estos proyectos aun cuando exista una sola oferta, lo cual se presta a eventuales contubernios entre empresas en detrimento de los intereses del Estado.
Este y otros aspectos de la ley deberían ser revisados, según el economista Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, para asegurar que firmas de gran porte quieran invertir en el país, pero que también exista competencia.
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