La pensión universal para adultos mayores en Paraguay constituye un programa esencial para garantizar el bienestar de una de las poblaciones más vulnerables del país, pero antes mismo de su materialización, ya tiene más sombras que luces. Con el primer “cedazo” se tiene a unos mil fallecidos beneficiarios, tan solo en tres departamentos del país, […]
La pensión universal para adultos mayores en Paraguay constituye un programa esencial para garantizar el bienestar de una de las poblaciones más vulnerables del país, pero antes mismo de su materialización, ya tiene más sombras que luces. Con el primer “cedazo” se tiene a unos mil fallecidos beneficiarios, tan solo en tres departamentos del país, con lo se muestra la urgente necesidad de despejar de dudas y letrados dicha pensión.
Este beneficio, destinado a mayores de 65 años en situación de pobreza, no solo representa un alivio económico, sino también un reconocimiento de los derechos sociales de quienes han contribuido al desarrollo del país a lo largo de sus vidas. Sin embargo, su eficacia y equidad dependen principalmente de la transparencia en su gestión y de la protección contra manipulaciones con fines ajenos al bienestar de sus beneficiarios.
En reiteradas ocasiones, se han reportado casos de manipulación en la asignación de la pensión, ya sea por intereses políticos, clientelismo o corrupción, lo que lo distorsiona. Toda inclusión indebida, es decir de personas que no cumplen los requisitos, mediante favores o sobornos encamina a lo mismo de siempre, resultando en un elemento más de descomposición que de deber cumplido. Además, hace que adultos que sí cumplen con los criterios queden fuera por falta de información o discriminación deliberada.
Irregularidades no solo afectan la justicia en la distribución de recursos, sino que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la administración pública, es decir de sus propios bienes. La transparencia debe ser innegociable, pues es el pilar fundamental para garantizar que la pensión universal cumpla con su objetivo, valiéndose de sistemas de registros claros y accesibles. Implementar bases de datos actualizadas y públicas que detallan los criterios de elegibilidad y la lista de beneficiarios, es el primer paso.
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