Madrid, 13 sep (EFE).- El Gobierno español aprobó este martes un proyecto de ley para proteger a quienes denuncien prácticas corruptas en empresas o en la administración, que llega con retraso para adaptarse a una directiva europea y tras graves casos de corrupción en España.
Una ley protegerá a quien denuncie prácticas corruptas en España
Sin sustituir las vías tradicionales de denuncia ante la justicia u otros organismos, esta norma crea una autoridad administrativa independiente para "cubrir los huecos que quedan en nuestro país en materia de lucha contra la corrupción", destacó en rueda de prensa en Madrid la ministra española de Justicia, Pilar LLop.
Quien denuncie podrá recurrir directamente a esa autoridad, pero las empresas de más de cincuenta empleados, las administraciones públicas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que reciban fondos públicos deberán crear también canales internos para recoger las posibles denuncias, que podrán ser anónimas y deberán ser respondidas en un plazo de tres meses, prorrogable si la investigación es compleja.
Para ofrecer una protección "eficaz y efectiva" a los denunciantes y evitar cualquier tipo de represalias, la norma fija sanciones de hasta un millón de euros, para las entidades que intenten dañar a la persona o a su entorno, y de hasta 300.000 euros si se trata de una persona física.
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