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En el Paraguay, aunque hemos avanzado bastante en legislación, en compromiso seguimos a la cola entre los países que menos esfuerzo realizan año tras año para limpiar la función pública de toda sombra de duda en la administración de los bienes del Estado y en la creación de la confianza tanto en la ciudadanía hacia sus servidores públicos como en los interesados en radicar inversiones en nuestro país.
En su libro “Infame condición: democracia, pobreza y corrupción en el Paraguay”, el abogado y constitucionalista Daniel Mendonca señala que “la corrupción, con sus costos asociados y la inestabilidad de las políticas públicas, son los factores que más atentan contra los planes de inversión. La corrupción ocupa, en la evaluación de las empresas, el primer lugar en la lista de problemas más serios del país”. Agrega además que “la forma más común de corrupción es el soborno, siendo los principales los que hay que pagar para acelerar el servicio o para acceder al mismo así como los sobornos...
Esta trama siniestra y degradante de la función pública es vastísima y permea todo el Estado. Si aplicáramos el promedio otorgado por el FMI a América Latina, tendríamos que el 5% del PIB total del Paraguay iría a parar a los bolsillos de la corrupción, cerca de US$ 1.600 millones anuales para dar un estimativo, aunque nada impide creer que la cifra real sea mucho mayor.
¿Qué hacen en otros países para intentar la gran patriada de darle un tajo al corazón de la corrupción? Veamos el caso de México, que anualmente pierde un 9% de su PIB por esta causa, unos US$ 130.000 millones. Haciendo uso de la recientemente aprobada “iniciativa legislativa popular”, un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey presentará este año un proyecto de ley conocido como “3 de 3” y que obligará a todo servidor del Estado a exponer públicamente tres documentos: una descripción detallada de sus activos y patrimonio neto, una lista de sus intereses privados y sus...
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