El departamento del Amambay, con su capital Pedro Juan Caballero, es un “mundo aparte” dentro del territorio de nuestro país. Una zona de frontera en la que se mezclan personas que en su gran mayoría trabajan de sol a sol y peligrosos narcos brasileños que imponen sus reglas a sangre y fuego para seguir con sus negocios del tráfico de drogas y otras actividades ilegales. Esto es alentado por un Estado ausente, con fuerzas públicas, un Ministerio Público y Poder Judicial corruptos, que se transformaron en meros sirvientes del narcotráfico.
En Amambay se cotizan el cambio de nombre de la carátula de un juicio, el levantamiento de una orden de arresto y las resoluciones para arrestos domiciliarios.
Los abogados, salvo raras excepciones, son simples canales para que sus clientes y un fiscal o juez puedan comunicarse a fin de “negociar” y “resolver” algún caso judicial.
Para un abogado lograr ser nombrado fiscal o juez, en Amambay, es sinónimo de haber ganado la lotería. En poco tiempo circulan a bordo de lujosos vehículos, viven en suntuosas mansiones y disfrutan de vacaciones en lugares paradisiacos.
La corrupción ha carcomido los cimientos del Poder Judicial a tal punto que la credibilidad de la justicia es nula. La ciudadanía observa impotente cómo los jefes del hampa son tratados como grandes señores siendo beneficiados con fallos judiciales “a la medida”.
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