Una mujer se queda sin protección tras descubrir los Mossos (Policía autonómica de Cataluña) que su ex pareja modificó su nombre en el Registro Civil. Para la Justicia tienen un conflicto doméstico La historia que sigue resulta tan extraordinaria como real. Extraordinaria por los contornos que la nutren y veraz por la documentación oficial que […]
Una mujer se queda sin protección tras descubrir los Mossos (Policía autonómica de Cataluña) que su ex pareja modificó su nombre en el Registro Civil. Para la Justicia tienen un conflicto doméstico
La historia que sigue resulta tan extraordinaria como real. Extraordinaria por los contornos que la nutren y veraz por la documentación oficial que la sostiene. Carmen (nombre ficticio) se ha quedado sin el amparo de la Ley de Violencia Machista porque su ex pareja se ha cambiado de género. Ahora ya no es Agustín sino Julia (ambos también nombres ficticios).
Los golpes, insultos y agresiones que denunció el pasado 15 de agosto se tramitan como violencia doméstica, una parcela mucho menos garantista (por razones lógicas) con los espacios de protección de las mujeres. Y esto último es lo que buscaba Carmen.
Ella no tiene acceso a una orden de alejamiento porque, a ojos de la Justicia, el conflicto que asegura sufrir es el mismo que pueda darse, por ejemplo, entre hermanos mal avenidos así que está condenada a seguir atada a Agustín. Conviven en la misma casa porque su pensión de jubilación no contributiva le impide irse.
Leer la nota completa en La República
