Tribunal rechaza extinción y prescripción en el caso a directivos de la Aso de la Contraloría

Tribunal rechaza extinción y prescripción en el caso a directivos de la Aso de la Contraloría

El Tribunal de Sentencia compuesto por Juan Ortiz, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre, resolvió los incidentes previos tanto la extinción de la causa como la prescripción de los hechos investigados, en el juicio contra los exdirectivos de la Asociación de Funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR), procesados por estafa, apropiación y lesión […]

El Tribunal de Sentencia compuesto por Juan Ortiz, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre, resolvió los incidentes previos tanto la extinción de la causa como la prescripción de los hechos investigados, en el juicio contra los exdirectivos de la Asociación de Funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR), procesados por estafa, apropiación y lesión de confianza.

La abogada querellante Olga Rojas explicó que el Tribunal presentó un análisis detallado de las suspensiones que ha tenido el proceso, concluyendo que el plazo de cuatro años previsto para la extinción de la acción penal no se ha cumplido debido a 1.661 días de suspensión acumulados. Esto corresponde a más de cuatro años interrumpidos por procedimientos como imposiciones de medidas, recursos de apelación e incidentes de inconstitucionalidad. En este sentido, el Tribunal estableció que la causa se extinguiría recién el 3 de junio de 2026.

Respecto a la prescripción, se plantearon dos incidentes: la prescripción simple, basada en el plazo de cinco años para los delitos imputados, y la prescripción por el doble del tiempo, es decir, diez años. En cuanto a la primera, el Tribunal rechazó el incidente basándose en las múltiples suspensiones del proceso, mientras que sobre la prescripción por el doble del plazo, el Tribunal argumentó que no se puede resolver sin antes analizar las pruebas documentales y testimoniales.

La querellante destacó que los hechos denunciados ocurrieron entre 2013 y 2017, pero que el daño patrimonial, elemento central de los delitos imputados, fue detectado recién en 2017. Esto, según el artículo 102.2 del Código Penal, marca el inicio del cómputo de la prescripción.

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