El senador colorado Erico Galeano fue condenado a 13 años de prisión tras ser hallado culpable por los hechos de lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del operativo A Ultranza Py. Durante la lectura de la sentencia, el presidente del Tribunal sostuvo que quedó acreditado que Galeano “apoyó operativamente a una organización de carácter transnacional dedicada al tráfico internacional de cargas entre los años 2020 y 2021”. La acusación también incluyó la provisión de apoyo logístico mediante una aeronave con matrícula ZPVHQ, registrada a nombre de Alpina SA, firma vinculada a Galeano. Con esta condena, el caso se convierte en uno de los fallos más relevantes derivados del operativo A Ultranza Py, considerado uno de los mayores golpes contra el crimen organizado en Paraguay.
El senador colorado Erico Galeano fue condenado a 13 años de prisión tras ser hallado culpable por los hechos de lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del operativo A Ultranza Py. El Tribunal de Sentencia consideró probados sus vínculos con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y con el pastor Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, actualmente recluido en el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.
La Fiscalía había solicitado una pena de 17 años de cárcel; sin embargo, el Tribunal integrado por los jueces Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos resolvió imponer una condena de 13 años, tras un juicio que se extendió por seis meses.
Durante la lectura de la sentencia, el presidente del Tribunal sostuvo que quedó acreditado que Galeano “apoyó operativamente a una organización de carácter transnacional dedicada al tráfico internacional de cargas entre los años 2020 y 2021”. Los magistrados concluyeron que el legislador recibió dinero proveniente de actividades ilícitas, el cual habría sido utilizado para beneficiarse económicamente y para favorecer al Club Deportivo Capiatá, institución que presidió.
Uno de los puntos centrales de la condena fue la venta de una lujosa residencia ubicada en Altos, dentro del complejo Aqua Village, que se realizó mediante contrato privado por USD 1.000.000 en efectivo, en plena emergencia sanitaria por el Covid-19. Según la sentencia, el mecanismo empleado buscó evitar alertas de los organismos de control, ya que la transferencia formal del inmueble se concretó recién el 9 de noviembre de 2021, un año después de la operación.
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