Tras cambiar la calificación del delito a pedido de la Fiscalía, el juez de Garantías, Rubén Riquelme, concedió ayer las medidas alternativas a los dos directivos imputados de la firma de seguridad Protek.
El abogado querellante, Federico Campos, se quejó de que era evidente el "tráfico de influencias", ya que Raúl Fernández Lippman, cuyos audios del Jurado de Enjuiciamiento fueron dados a conocer, hablaba de que iba a visitar a "Luis Fretes, de Protek". Incluso dijo que recusaría a la fiscala.
La audiencia de imposición de medidas cautelares se realizó ante el juez Riquelme. La fiscala Claudia Penayo se presentó a la audiencia junto con las dos imputados.
CAMBIO. La agente que reemplaza a sus colegas recusados dijo que rectificaba el pedido de prisión hecho por la fiscala Teresa Ruiz Díaz. Requirió calificar el delito como detentación de armas, pero por la tenencia o portación, cuya pena es de hasta 5 años.
Esto, en vez del que prestare armas a terceros sin autorización de la autoridad, cuya pena va de 5 a 10 años de cárcel, como era inicialmente.
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