El cartismo y algunos elementos del llanismo están buscando por todos los medios salvar a la administración de Sandra McLeod de Zacarías de la intervención de su admnistración. Como este aspecto ya se discutió bastante y se aclaró suficientemente, que el dictamen de la contraloría no es una condicionante, sino solamente uno de los elementos que pueden ameritar una intervención, ahora están recurriendo a la falacia de que los miembros de la comisión no tendrán tiempo suficiente para dictaminar sobre el pedido. La comisión solamente debe analizar los elementos y argumentos, que los concejales creyeron que ameritan una intervención. El juego de los defensores de McLeod es muy simple, se está tratando de alargar el asunto, para tratar de ganar tiempo y lograr aliados políticos para eludir una posible intervención.
El cartismo y algunos elementos del llanismo están buscando por todos los medios salvar a la administración de Sandra McLeod de Zacarías de la intervención de su admnistración. Lo vienen haciendo desde que se planteó el pedido, con la remanida excusa de la necesidad de un dictamen previo de la Contraloría General de la República.
Ayer, una vez más, el diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR/Honor Colorado) dijo que darán la celeridad que corresponde a los pedidos de intervención a municipios del interior, pero, cuestionó los pedidos planteados ante el riesgo de que las denuncias sean “politizadas” y planteó de nuevo la necesidad del referido dictamen del órgano contralor.
Como este aspecto ya se discutió bastante y se aclaró suficientemente, que el dictamen de la contraloría no es una condicionante, sino solamente uno de los elementos que pueden ameritar una intervención, ahora están recurriendo a la falacia de que los miembros de la comisión no tendrán tiempo suficiente para dictaminar sobre el pedido.
Los diputados parecen no entender de qué se trata todo esto o de cómo es el proceso. No se trata de un juicio político. La comisión solamente debe analizar los elementos y argumentos, que los concejales creyeron que ameritan una intervención. No se trata, al menos en esta instancia de juzgar la gestión de la intendente, sino de analizar los argumentos y los indicios. Para el estudio de los documentos y procedimientos es que precisamente se realiza la intervención. Luego, a partir del informe del interventor, la cámara en su conjunto analizará si corresponde o no la destitución de la...
Leer la nota completa en Vanguardia
