Con mucho hermetismo conduce el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la tercerización para la privatización de la operación de los peajes, según los sindicatos. Además, la “reubicación” de trabajadores nombrados le dejaría a la Cartera unos 200 nuevos planilleros, agregan. Como ya es costumbre, en el MOPC se niegan a dar explicaciones.
El pasado 11 de noviembre se conocieron las ofertas para la operación y administración de 12 puestos de peaje y actualmente se analizan las propuestas de tres consorcios. La versión extendida es que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona, adjudicará a una de estas propuestas a fin de mes, a como dé lugar.
Esta es la segunda convocatoria que se realiza con el mismo fin, pues el primer llamado se canceló sin que se aclararan los motivos. Están en carrera el Consorcio Unión, cuya oferta fue de G. 38.069.457.561; la Concesionaria de Peajes del Paraguay, con una propuesta de G. 39.617.155.425 y el Consorcio Ibiray, que cotizó en G. 29.642.664.861.
Juan Ramón Cañete, sindicalista del Ministerio de Obras Públicas, dijo ayer que la tercerización de los peajes es un negociado del que advirtieron en su momento a varios legisladores, pero que sospechosamente no se hizo nada. Aseguró que al pasar los peajes a manos privadas unos 400 trabajadores contratados pasarán a depender de la empresa que se quede con la administración por los próximos 10 años. En tanto que los 200 funcionarios nombrados serán “reubicados”, lo que en la práctica significa que se convertirán en planilleros. “Son 600 trabajadores los que están afectados directamente y...
El sindicalista también se quejó del hermetismo con que conduce esta licitación el MOPC, que ni siquiera ha dado explicaciones a los trabajadores afectados.
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