La violenta manifestación protagonizada por los taxistas nucleados en la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), presidida por el cuestionado dirigente gremial Aristides Morales, desembocó en la aprehensión del mismo, junto con otros siete de sus colegas, bajo el cargo de instigar a la violación de la ley que garantiza a los ciudadanos la libre circulación por calles y espacios públicos. Los mismos ejecutaron una medida inconstitucional, perfectamente planeada. Más allá de las penurias causadas a los automovilistas y transeúntes que pasaron por los sitios donde ocurrieron las manifestaciones, lo que ha quedado claro en esta oportunidad –así como en las anteriores demostraciones de patoterismo y prepotencia de los taxistas en protesta por la incursión de Uber y Muv como competencia–, es la actitud intimidatoria de la que se valen para oponerse a una competencia enteramente legal y libre. Prepotencia aupada por un padrinazgo político corrupto brindado por ciertas autoridades nacionales, departamentales y, sobre todo, municipales, a cambio del masivo transporte de sus adherentes a los locales de votación durante elecciones.
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