Suspenden inicio de juicio oral en un caso de autosecuestro extorsivo en Caaguazú

Suspenden inicio de juicio oral en un caso de autosecuestro extorsivo en Caaguazú

Ayer debió iniciar el contradictorio público en tribunales de la ciudad de Caaguazú contra tres sujetos que simularon un secuestro extorsivo y consiguieron recibir algo de dinero por parte de la madre del supuesto plagiado, quien reside en Bilbao, España. Los protagonistas están identificados como Ángel Ariel Duarte Dávalos, de 23 años; Gustavo Ariel Mercado Fariña, de 30, y Mirta Auxiliadora Servín Rodríguez, de 49 años, todos domiciliados en Caaguazú. El juicio fue suspendido porque uno de los procesados presentó reposo médico y otro cambió de abogado, según la fiscal Zunilda Ocampos.

El tribunal de sentencia, presidido por el juez Alejandrino Rodríguez e integrado por Julio César Solaeche y Mario Osvaldo Estigarribia, resolvió convocar a las partes para el 19 de octubre del año en curso, a las 08:15. La Fiscalía había acusado a los tres principales responsables del hecho, que simularon el secuestro de Ángel Ariel Duarte, cuya madre residen en España, le enviaron supuestas pruebas y le solicitaron 5.000 euros para liberar al plagiado. Esto ocurrió el 17 de octubre, alrededor de las 18:00, según la denuncia de Blanca Celina Dávalos Fariña.

En su contacto con la Policía española, la madre dijo que apenas le dieron cuatro horas para reunir la suma requerida, le enviaron un vídeo, vía Whatsapp, y le exigieron el depósito de dinero a través de Western Unión. La mujer reunió 250 euros y planteó un adelanto, ya con el asesoramiento de la Policía española que, a su vez, preparó el procedimiento con la unidad antisecuestro de Paraguay. La primera en caer en redes policiales fue Mirta Auxiliadora, quien se encontraba con Ángel Ariel, poco después de retirar la suma ya cambiada a la moneda nacional, según el histórico de hechos.

Pasado un tiempo, en la vía pública fue detenido Mercado Fariña, quien fue puesto a cargo de la fiscal Zunilda Ocampos, designada por la Fiscalía General para la investigación del caso. Todos fueron procesados por simulación de hecho punible, asociación criminal y extorsión, tipificaciones que la representación pública considera totalmente probadas con las diligencias efectuadas a lo largo de la etapa preparatoria.

Ocampos lamentó la suspensión del juicio, ya que una vez más se movió sin resultado a todas las fuerzas operativas que participaron en la dilucidación del caso y la llegada a la instancia decisiva, pero con chicanas lograron evitar el inicio del juzgamiento.

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