Dos supuestos funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) fueron detenidos ayer, durante un operativo dirigido por el fiscal Javier Ibarra. Se trata de Édgar Soto Ortellado y Claudio Caballero. Ambos formarían parte del estudio jurídico “Caballero y Asociados”, según la fiscalía.
La investigación se inició tras la denuncia realizada por el propietario del Instituto San Luis, Óscar Leguizamón Chaparro, quien manifestó que Caballero lo había amenazado con impulsar un sumario que se llevaría a cabo en Contrataciones Públicas, en contra del centro educativo.
Según el denunciante, también le advirtieron que si no pagaba iban a impulsar un proceso en su contra, en San Lorenzo, del cual no se dio mayores detalles.
Concretamente, según la acusación, a Leguizamón le requirieron el pago de G. 15 millones para seguir contando con contratos de licitaciones a favor de su instituto, para capacitaciones.
Supuestamente, Leguizamón accedió al pago de la suma requerida, pero luego el monto fue elevada a G. 100 millones, tras lo cual denunció el hecho ante el Ministerio Público.
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