Mario Ramón Riveros Torales, denunciante de los directivos de la empresa Apolo Import Export S.A. y a dos de los gerentes, sigue aportando evidencias puntuales y hasta habría identificado a los principales dueños, que residirían en el Paraná Country Club. Asimismo, los sindica como responsables directos de ordenar el falseamiento de datos en denuncias formales por varios siniestros.
En su presentación inicial ante la Fiscalía, citó a la gerente de logística Leidy Portillo y a la de recursos humanos, Andrea Arriola Torres, como las operadoras de los fraudes ordenados por los directivos, que serían los hermanos Matheus y Emerson Chemin, moradores del Country Club. Mientras tanto, sigue reuniendo documentos que serán parte del grueso, con los que pretendería probar la existencia de coacción, estafa, extorsión, siniestro con intención de estafa y asociación criminal, puntualmente denunciados. El fiscal Luis Trinidad, asignado para investigar el caso, no lo llamó aún para...
Fue textualmente parte de la coacción recibida por Riveros Torales por parte de las gerentes denunciadas que le hicieron firmar su renuncia primero, ofrecieron dos testigos, compañeras de trabajo del denunciante, sin el consentimiento de ninguno de ellos. El mismo se quedó con una copia sin rúbrica de todos los documentos que le exigieron firmar; un pagaré con membrete de la firma por el monto que le sustrajeron en el asalto en Yrybú Cuá, departamento de San Pedro. Aclaró que busca a sus ex compañeros que fueron dimitidos de la firma en iguales condiciones para dar su testimonio en el...
Para consumar los hechos, los directivos contarían con la connivencia de algunas autoridades, incluyendo supuestamente a funcionarios de la empresa aseguradora, perjudicada tras cada supuesto siniestro en diferentes partes del país, cuyas copias originales serán presentadas en la estación procesal oportuna ante la unidad fiscal penal.
Entre los antecedentes se cuentan con evidencias materiales de siniestros denunciados por la firma en la comisaría de Curuguaty, el 4 de abril del año pasado, denunciando el robo de G. 26.000.000, cuando el registro contable es de G. 20.800.000. El 14 de mayo de 2022, se registró otro siniestro donde se robaron G. 15.000.000 denunciándose por G. 20.000.000, todo para presentar dichos documentos ante la firma aseguradora para los reembolsos pertinentes, hecho que constituye otro hecho punible.
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